SAN DIEGO - Un nuevo informe del Departamento de Justicia de California muestra falta de atención médica en los centros de detención de inmigrantes.
Este es el cuarto reporte publicado en años recientes, gracias a la ley AB 103, que requiere al Departamento de Justicia revisar y reportar sobre las condiciones de confinamiento en los centros de detención de inmigración hasta julio de 2027.
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"La revisión de las instalaciones en California realizada por mi oficina muestra que los problemas previamente identificados han persistido, mientras que nuevos hallazgos dejan claro que estas instalaciones necesitan mejoras significativas", declaró el fiscal general de California, Rob Bonta.
Los hallazgos de este reporte publicado por la agencia estatal están basados en datos y evidencia del 2021 al 2023 en los seis centros de detención en el estado. El reporte detalla que casi un 75% de los detenidos no contaba con antecedentes criminales.
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"En ese momento, (el centro de detención) Otay Mesa tenía más personas detenidas. Tenía más de 1,000 personas detenidas y ningún psicólogo para ofrecer terapia", detalló Vilma Palma Solana, parte de casi una veintena de elementos del Departamento de Justicia de California, quienes revisaron archivos y entrevistaron a detenidos.
La Oficina del Fiscal General de California afirma que los centros siguen careciendo de la capacidad para atender las necesidades básicas de salud mental. Además se detectaron deficiencias en la prevención e intervención del suicidio y en el registro de expedientes médicos.
"En unos lugares encontramos que habían estado en celdas solitarias por más de un año y no tenían tratamiento regularmente, no los (revisaban) regularmente", agregó Palma Solana. "Eso no es saludable para ninguna persona, especialmente para alguien que está sufriendo con algún diagnóstico de salud mental", detalló.
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Además, el reporte indica que los centros también enviaron a detenidos a comparecer ante el tribunal sin haber recibido sus medicamentos recetados.
Bonta añadió que hoy más que nunca este tipo de reporte es importante debido a que la población detenida aumentó a más de 3,100, en comparación a los aproximadamente 2,300 que se reportaron en el 2023.
"El propósito es transparencia, poder nosotros publicar información que otras personas no tienen acceso para que así la Legislatura, el Congreso, pueda hacer algo al respecto", concluyó Palma Solana.